Ampliación del ámbito territorial oficial

Como se sabe, en el caso de los colectivos y organizaciones activistas, rara vez hay identidad entre la oficialidad «legal» en papeleos y la verdadera vida cotidiana asociativa.  Esos desfases se producen en un buen número de asuntos.  En nuestro caso, uno de ellos ha terminado siendo el del ámbito territorial.

En la época en que presentamos por primera vez los papeles para la inscripción registral, ni siquiera existían comunidades autónomas, por lo que el ámbito territorial predeterminado se circunscribía necesariamente a lo provincial.

En 1990 modificamos los estatutos y ampliamos el ámbito a toda Canarias, cosa que se reveló atinada, pues llegamos a disponer de actividades en varias islas y de compañías teatrales permanentes en las dos capitalinas.

En esa década se produjo una modificación importante en los hábitos de la profesión teatral canaria.  Hasta ese momento, dedicarse profesionalmente al Teatro en Canarias era altamente improbable y quienes lo pretendían se iban principalmente a la península, para quedarse allí y visitar las islas de regreso ocasional como particular, no como teatristas.
Algunos miembros de Manticore se profesionalizaron en Canarias, sin necesidad de esa emigración.  Pero empezó a ser común que muchos compañeros de profesión iban y venían con creciente asiduidad entre Canarias y la península, en función de dónde les surgían las oportunidades artísticas.  Ese fenómeno terminó alcanzándonos igualmente a nosotros y a finales de 1998, con la reestructuración interna que realizamos, ya empezamos a valorar la posibilidad de una ampliación del ámbito territorial.  Pasaron los años y el fenómeno creció, hasta el punto que hubo un momento, en torno a 2005, en donde teníamos fuera a buena parte del activo teatral más dedicado.

Pero no ha sido hasta este año que hemos dado el paso de reflejarlo estatutariamente.  La verdad es que ese tránsito más o menos fluido, la relativa asequibilidad de los precios de avión y la extensión definitiva de internet y de las comunicaciones y acuerdos que se deducen de ello, provoca que necesitemos prestar nuestra personería jurídica en zonas de España muy alejadas de Canarias.
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